Quienes mantienen nuestros puestos de trabajo limpios, seguros, quienes cuidan de nuestros jardines, nos cortan el pelo, nos venden material de oficina o informático o nos atienden en las cafeterías en la UPV no son números en un pliego: son nuestras compañeras y compañeros de campus.
La responsabilidad social de la Universitat ha de llegar a establecer cláusulas en los pliegos de condiciones que garanticen una protección efectiva de trabajadoras y trabajadores. Estas personas son traspasadas de una empresa a otra, con el único criterio de que realizan el servicio más barato, seguramente apretando mucho más al personal. El rectorado no debería lavarse las manos y abaratar costes a costa de precarizar al personal de las contratas. STEPV no tolera islas de precariedad en nuestros campus.
Por ello, desde STEPV exigimos la inclusión de cláusulas sociales vinculantes en licitaciones, auditorías sindicales del cumplimiento del convenio y la rescisión inmediata con subrogación garantizada ante cualquier infracción laboral.