Desde hace años, la universidad utiliza una fórmula para abaratar la plantilla del PTGAS: encomendar a estudiantes tareas que corresponden al personal funcionario. Al restringir este trabajo público al estudiantado, la UPV vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del artículo 60 de la Ley de Función Pública Valenciana, cerrando el paso a quienes han superado oposiciones y aguardan en las bolsas oficiales. Lo más escandaloso es que en el Patronato de esta fundación se sientan, junto a la Gerencia, los sindicatos estatales (CCOO y UGT) que avalan este coladero opaco. STEPV no participará jamás en bolsas paralelas ni en privatizaciones encubiertas.
Por ello, desde STEPV abogamos por la extinción de la Fundación SERVIPOLI, o la restricción de las funciones desempeñadas a aquellas que la ley no reserva a personal funcionario.