La Normativa Mistral, heredera del informe PISADO que era como se sentía el profesorado, se presenta como una inocua herramienta de «calidad docente» y una «vía conciliatoria» para resolver incidencias en las aulas. Sin embargo, tras esta fachada pedagógica se esconde un mecanismo opaco de fiscalización que traslada la gestión de conflictos a una plataforma electrónica, sometiendo a la plantilla a un procedimiento inquisitorial plagado de irregularidades jurídicas e institucionales:
- Incompetencia administrativa y cesión ilegal de funciones: Las Delegaciones de Alumnos son órganos legítimos de representación estudiantil, pero carecen de potestad inspectora, fiscalizadora o sancionadora. Otorgarles la atribución de juzgar si las explicaciones de un profesor o de la Dirección del Departamento son «insuficientes» e instruir resoluciones vulnera el principio de legalidad y la reserva de ley en la administración pública (Art. 1.3 de la Ley de Función Pública Valenciana). Pretender dar efectos jurídicos o laborales a un «Documento de Resolución» emitido por un órgano incompetente constituye un vicio de nulidad de pleno derecho (Art. 47.1.b de la Ley 39/2015).
- Vulneración de la presunción de inocencia y del debido proceso: El propio artículo 11.1 de la normativa autoriza a omitir la audiencia previa con el profesor afectado si la Delegación lo considera oportuno. Además, la plataforma escala automáticamente la acusación a la Dirección del Departamento, a la junta de escuela, a la Defensoría Universitaria y al Rectorado antes siquiera de haber investigado objetivamente la veracidad de los hechos, exponiendo al docente a un juicio de valor institucional sin garantías de defensa.
- Fiscalización en red y privatización del conflicto: El sistema convierte las discrepancias académicas en una tramitación en red donde el Departamento actúa como espectador y fiscalizador de su propia plantilla. En lugar de asumir sus responsabilidades de mediación y soporte, el Rectorado se lava las manos y «externaliza» la inspección docente en el estudiantado, generando un clima insostenible de sospecha, estigmatización y sobrecarga burocrática.
Frente a este modelo que desprotege al PDI y pervierte la convivencia universitaria, la postura de STEPV es rotunda: exigimos la derogación inmediata de la Normativa Mistral y la sustitución por un modelo de mediación con plenas garantías jurídicas tanto para el profesorado como para el estudiantado.jurídicas tanto para el profesorado como para el estudiantado.