La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la UPV a garantizar una protección eficaz frente a los riesgos psicosociales. Sin embargo, nuestro Procedimiento de actuación ante situaciones de conflicto interpersonal y acoso laboral, aprobado en 2014, está completamente caduco y diseñado para blindar a la institución antes que a la plantilla.
De entre sus graves deficiencias, destaca que otorga a la Jefatura de Recursos Humanos la potestad unilateral de inadmitir y archivar denuncias por «insuficiencia de indicios» antes de realizar cualquier investigación. Este archivo discrecional no es una amenaza: es una realidad cotidiana que deja a las trabajadoras y trabajadores en la más absoluta indefensión.
Para poner fin a esta impunidad y garantizar la salud mental en departamentos, servicios y laboratorios, desde STEPV exigimos un nuevo marco que garantice:
- Una Comisión Paritaria de Investigación, con representación sindical, que elimine el filtro previo y el archivo arbitrario de denuncias por Recursos Humanos.
- Medidas cautelares automáticas de protección y separación de las partes desde el inicio del proceso, sin menoscabo retributivo ni traslado forzoso de la persona denunciante.
- Eliminación de la cláusula que prohíbe la mediación en el SIPSL, dotándolo de personal de psicología laboral para intervenir directamente en los conflictos interpersonales.
STEPV es la fuerza necesaria para forzar a la Universidad a abordar este cambio.