La realidad de la docencia universitaria está cambiando a la carrera, y cada vez son más frecuentes los inaceptables episodios de acoso, vejaciones, coacciones, «escraches» y difusión no consentida de contenidos en redes sociales.
La realidad nos ha demostrado que la UPV no puede defendernos. Mientras el profesorado no universitario y el personal sanitario cuentan con el reconocimiento explícito de autoridad pública (Leyes 15/2010 y 10/2014 del Consell de la Generalitat), que no han solucionado todos sus problemas, pero les da cierta cobertura de la que nosotras y nosotros carecemos.
Por ello, desde STEPV hemos iniciado una campaña para recabar las 10.000 firmas necesarias para presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para conseguir el reconocimiento del PDI Universitario como autoridad pública. Mientras lo conseguimos, exigimos a la UPV la asistencia jurídica gratuita e inmediata para todo el PDI afectado, junto con el despliegue automático de medidas cautelares de alejamiento del aula ante conductas de violencia o acoso en el marco de la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria.
Tolerancia cero.