El régimen retributivo del Personal Docente e Investigador de las universidades públicas continúa encorsetado en una norma aprobada en 1989, incapaz de responder a las realidades laborales y académicas del siglo XXI. Mantener un marco estatal con casi cuatro décadas de antigüedad ha consolidado una pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 20% desde 2010, perpetuando diferencias injustificadas entre categorías e impidiendo la adecuada valoración económica del esfuerzo docente e investigador.
El Gobierno del Estado no puede seguir escudándose en parches burocráticos mientras las plantillas sostienen la Universidad Pública con tablas salariales del siglo pasado.
Por ello, desde STEPV exigimos la negociación e implantación inmediata de un nuevo Decreto de Retribuciones del PDI que revalorice las escalas salariales, garantice revisiones vinculadas al IPC y blinde la equiparación de complementos para todo el profesorado.